“Guerra” avisada no mata soldado

Olga Thaureaux Puertas

El pasado 17 de abril el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración de Donald Trump implementará por completo el Título III de la Ley Helms-Burton contra nuestro país, a partir del 2 de mayo, teniendo en cuenta que Cuba “no ha transitado hacia la democracia”.

Este tema en las últimas semanas ha sido muy mencionado, es  como decir que guerra avisada no mata soldado, pues conociendo las intenciones de su promovente, no dudábamos en que se podía concretar esta decisión.

Acudo entonces a algunos elementos históricos necesarios que nos ayudarán a comprender la complejidad del asunto y del momento.

La Ley Helms-Burton,  que debe su nombre a los congresistas que la propusieron y que en verdad se llama Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, desde su mismo nombre es irrespetuosa y como dijo Ricardo Alarcón “exclusiva para Cuba y única en Estados Unidos”.

Su contenido está dividido en cuatro capítulos: La internacionalización del bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación antillana; el segundo, plantea una especie de plan de transición política aquí y de intervención de Estados Unidos en nuestro futuro; el otro refiere que los reclamantes de propiedades nacionalizadas o expropiadas en Cuba deben ser protegidos, para lo cual establece normas que incluyen la posibilidad de demandar ante tribunales estadounidenses a entidades que “trafiquen” con esas propiedades, y el último que prohíbe la entrada a la nación norteña de ejecutivos y sus familiares, y de dueños de entidades que “trafiquen” con las propiedades nacionalizadas o expropiadas.

La intención es sumergir a la población cubana  en la desesperación y crear temores en inversionistas y grandes empresas de todo el mundo. No olvidemos que muchas de las  propiedades nacionalizadas hoy son centros de beneficio social como  hospitales, hogares maternos, escuelas y también viviendas. Muchos seríamos los afectados.

Sobre este particular Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, explicó que “se trata de un ataque a la soberanía de Cuba y otros Estados, considerando el carácter extraterritorial del Título III, dirigido a privarnos de inversiones extranjeras, amenazando a los socios actuales y potenciales; demuestra la capacidad de Washington de causar daño, evidencia sobre todo el fracaso en su empeño en doblegar la voluntad de los cubanos de defender su soberanía”.

A estas decisiones dichas por Pompeo se unen otros anuncios expuestos en su discurso, por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien dijo que  se agregarán cinco nombres a la lista de entidades cubanas prohibidas para los norteamericanos y que el Departamento del Tesoro implementará cambios regulatorios para restringir viajes por razones no familiares a Cuba.

Sobre las remesas familiares dijo que solo será autorizado el envío máximo de mil dólares por persona cada tres meses y que se eliminará la autorización emitida por Obama para que compañías y bancos cubanos llevaran a cabo transacciones en terceros países que indirectamente se realizaban a través del sistema bancario estadounidense.

A partir de estas nuevas medidas el gobierno de Cuba realizó ese mismo día, 17 de abril, una Declaración en la que “rechaza en los términos más enérgicos la decisión de permitir en lo adelante que se tome acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales contra entidades cubanas y extranjeras fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, y la de endurecer los impedimentos a la entrada en los Estados Unidos de directivos y familiares de las empresas que invierten legítimamente en Cuba, en propiedades que fueron nacionalizadas”.

También repudia la decisión de volver a limitar las remesas a familiares y allegados, y de restringir aún más los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba, y la de aplicar sanciones financieras adicionales.

El texto además, rechaza las referencias a que en Cuba se hayan producido ataques contra diplomáticos estadounidenses, aspecto  investigado y que Estados Unidos no ha podido aportar pruebas fehacientes al respecto.

En la Declaración Cuba hace un llamado “a todos los miembros de la comunidad internacional y a los ciudadanos estadounidenses para detener la escalada irracional y la política de hostilidad y agresión del gobierno de Trump”.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez declaró que “Cuba sigue confiando en sus fuerzas, en su dignidad y también en la fuerza y la dignidad de otras naciones soberanas e independientes. Pero sigue creyendo también en el pueblo norteamericano, en la Patria de Lincoln, que se avergüenza de quienes actúan al margen de la ley universal en nombre de toda la nación norteamericana”.

El documento finaliza  con una posición muy clara: “la Revolución cubana reitera su firme determinación de enfrentar y prevalecer ante la escalada agresiva de los Estados Unidos”.

Fijada la posición y reiterados los principios, solo nos queda a los cubanos dignos enfrentar la realidad, pues se sabe que esto nos  afecta mucho económicamente, pero también se ha dicho que “tenemos relaciones comerciales fuertes y proyectos de inversión a largo plazo con múltiples naciones”; que si se hace lo acordado en el Plan de la Economía hasta el 2030 y otras estrategias internas debatidas en la Asamblea Nacional y en los Consejos de Ministros, saldremos adelante.

Nuestros avances, resultados y capacidad para desarrollarnos dependen, en lo fundamental, de las potencialidades que podamos explotar, de la producción, la eficiencia, el ahorro de lo que tenemos y de la fuerza y unidad con que enfrentemos esta nueva agresión. Recordemos que guerra avisada no mata soldado.

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